Barcelona. 24 de enero de 2006. La Constitución española de 1978 instauró la democracia en España, configurando una organización territorial que a la vez que asegura la unidad de la nación española como garantía de la igualdad efectiva de todos los ciudadanos españoles, reconoce como parte integrante de esa unidad el derecho a la autonomía de las regiones y nacionalidades que la componen y la solidaridad entre todas ellas. En 1979 el Parlamento de Cataluña, las Cortes Generales y la ciudadanía de Cataluña hacían efectivo ese
derecho dotando a Cataluña de su Estatuto de Autonomía que configuraba el sistema de autogobierno más amplio del que nunca ha disfrutado.
Este modelo ha posibilitado para Cataluña el período más largo de autogobierno democrático en toda su historia, asegurando la prosperidad, la paz y la solidaridad no sólo de Cataluña sino de toda España, y sin que en ningún caso haya sido obstáculo para la obtención de cualquiera de los fines e intereses legítimos correspondientes a la gobernación de Cataluña.
El Parlamento de Cataluña, auto-otorgándose de manera ilegítima un pretendido poder constituyente, ha aprobado el pasado día 30 de septiembre, a espaldas del sentir general de la ciudadanía, un proyecto de reforma del vigente Estatuto radicalmente anticonstitucional, que destruye los principios básicos de la organización territorial constitucionalmente establecida, introduciendo graves desigualdades en las condiciones básicas del ejercicio de los derechos o posiciones jurídicas básicas de los españoles, que compromete gravemente los
derechos e intereses legítimos de la ciudadanía en Cataluña y el resto de España, que rompe el equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, atentando contra una justa redistribución territorial de la renta, introduciendo privilegios económicos y sociales, alterando los principios fiscales de igualdad y progresividad, que atenta contra el principio de división de poderes -sometiendo al Poder Judicial bajo la influencia de la Generalidad- y contra la libertad de mercado, y que amenaza la paz social.
Especial importancia reviste la regulación estatutaria de la libertad de lengua: el proyecto de reforma del Estatuto, eliminando el modelo constitucional de cooficialidad, impone coactivamente, mediante multas y sanciones, el catalán como lengua exclusiva de la Administración autonómica en todos sus niveles, comprendida la enseñanza; lo que equivale, en una sociedad bilingüe, a la discriminación de más de la mitad de la ciudadanía en Cataluña que es castellanohablante. Un gobierno que excluye de la vida pública y no hace suya la lengua de más
de la mitad de los ciudadanos no puede ser considerado en caso alguno de naturaleza democrática.
La Constitución de 1978, juntamente con el Estatuto de Autonomía vigente, debe seguir siendo el marco de nuestra convivencia, que sólo puede ser modificado, llegado el caso, para mejorar la democracia, incrementando las libertades cívicas y reforzando la solidaridad y la igualdad de los ciudadanos, por el proceso explícito para su reforma previsto en la propia Constitución y en ningún caso impuesto unilateralmente desde una Comunidad Autónoma. Cualquier intento de modificar las bases mismas de la convivencia entre españoles, esto es
la Constitución, por otro procedimiento ha de ser tachado de radicalmente antidemocrático, pues no significa otra cosa que el intento de arrebatar la soberanía, esto es, el poder constituyente, al pueblo español, en el que reside.
Por estas razones, las entidades cívicas que esto suscriben, convocan a la ciudadanía de Cataluña y toda España a mostrar su rechazo de un proyecto de reforma de Estatuto realizado a espaldas de y contra los auténticos intereses de la ciudadanía, y que responde únicamente a los intereses de quienes detentan el poder en Cataluña, para perpetuarse en
ese poder y excluir a quienes se opongan a sus pretensiones, que es radicalmente inconstitucional, antidemocrático, insolidario y discriminatorio que enfrenta a los catalanes entre sí y con el resto de españoles.
Las entidades cívicas abajo indicadas convocan a los ciudadanos a asistir al acto que tendrá lugar en Barcelona el sábado día 4 de febrero a las 12:00 horas, en el Barceló Hotel Sants,
(Plaza Països Catalans – Estación de Sants)
en el que intervendrán, entre otros: Francisco Caja (Presidente de Convivencia Cívica Catalana), Mikel Buesa (Presidente del Foro Ermua), Mikel Azurmendi (catedrático y miembro fundador del Foro Ermua) y Cesar Alonso de los Rios (periodista).
Entidades convocantes:
Convivencia Cívica Catalana (Barcelona). Foro Ermua (Bilbao). Fundación Papeles de Ermua (Bilbao). Asociación por la Tolerancia (Barcelona). Veïns de Catalunya (Barcelona). Fundación Concordia (Madrid-Barcelona). Profesores para la Democracia (Barcelona). Universitarios Liberal-Demócratas (Barcelona). Estudiantes Liberales de Cataluña. Vecinos de Paz (Berriozar-Navarra). ¡Libertad YA! (Navarra). Asociación Gallega para la Libertad de Idioma (La Coruña). Sindicato CFP Manos Limpias (Madrid). Asociación Justicia y Libertad (Madrid). Federación independiente de Asociación de Vecinos de la Comunidad de Madrid (FIAVCM). Círculo de Opinión Pública (Madrid). Asoc. Interuniversitaria Gaudeamus (Aragón). Fundación para la Defensa
de la Nación Española. Comité Internacional Civil. Foro España. Vigueses por la Libertad. Foro por la Libertad (Zaragoza). Asoc. Dignidad y Justicia (Macro-juicio contra ETA). Convivencia Valenciana (Valencia). Asoc. Unidad y Libertad (Cantabria). Iniciativa Ciudadana Convive (Zaragoza).
Organizan: Convivencia Cívica Catalana y Foro Ermua.
Persona y teléfono de contacto:
Carmen ( Convivencia Cívica Catalana)
(teléf. 607450328)
Dirección de e-mail:
info@convivenciacivica.org
Web:
www.convivenciacivica.org 
